El Contralor General de la República fue instruido por el Presidente de la República para que investigue la denuncia sobre la presunta sobrevaluación de los costos de construcción de la Presa de Monte Grande.
Esta denuncia fue hecha en la víspera por Marino Vinicio Castillo, quien ostenta la posición de presidente del Consejo Rector de la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción. Héctor Rodríguez Pimentel rehusó opinar sobre la denuncia. La firma Andrade prometió ofrecer una explicación.
El presidente Leonel Fernández ordenó una investigación, con todas sus consecuencias, sobre la denuncia hecha por el presidente del Consejo Rector de la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción, Marino Vinicio Castillo, en torno a la supuesta sobrevaluación en la oferta de licitación para el diseño y construcción de la presa de Monte Grande en unos 55 millones de dólares.
La disposición surge luego de que Vincho Castillo hiciera pública la denuncia y afirmara que el jefe de Estado “es muy benigno, tiene una especie de tolerancia inaudita, no tiene reacciones y no produce un tipo de acción represiva contra ciertas deslealtades, lo que es muy peligroso”. La medida del presidente Fernández está contenida en una comunicación enviada al Contralor General de la República, Simón Lizardo, vía el secretario de la Presidencia, César Pina Toribio.
Esta denuncia fue hecha en la víspera por Marino Vinicio Castillo, quien ostenta la posición de presidente del Consejo Rector de la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción. Héctor Rodríguez Pimentel rehusó opinar sobre la denuncia. La firma Andrade prometió ofrecer una explicación.
El presidente Leonel Fernández ordenó una investigación, con todas sus consecuencias, sobre la denuncia hecha por el presidente del Consejo Rector de la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción, Marino Vinicio Castillo, en torno a la supuesta sobrevaluación en la oferta de licitación para el diseño y construcción de la presa de Monte Grande en unos 55 millones de dólares.
La disposición surge luego de que Vincho Castillo hiciera pública la denuncia y afirmara que el jefe de Estado “es muy benigno, tiene una especie de tolerancia inaudita, no tiene reacciones y no produce un tipo de acción represiva contra ciertas deslealtades, lo que es muy peligroso”. La medida del presidente Fernández está contenida en una comunicación enviada al Contralor General de la República, Simón Lizardo, vía el secretario de la Presidencia, César Pina Toribio.
Entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario